ZP, ese hombre - V parte

El pasado día 12 de abril se celebró en Madrid la primera gran manifestación de guardias civiles –que no de la Guardia Civil– para reclamar al presidente Rodríguez el cumplimiento de las promesas hechas en su programa electoral. Fue Jesús Caldera, el actual ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, quien en enero de 2004 prometió a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) desmilitarizar el cuerpo si su partido ganaba en marzo, pero ahora en el poder, ZP ha tenido que admitir que no cumplirá lo prometido. Está claro que una cosa es predicar y otra dar trigo.

Durante el mandato de Aznar, los socialistas y demás familia no cesaron de reclamar la supresión de la jurisdicción militar para los guardias civiles y la regulación del derecho de asociación en la Benemérita, como recogieron más tarde en el programa electoral del PSOE, cuyas reivindicaciones no tenían otro objetivo que la desmilitarización de la Guardia Civil y, en consecuencia, la desvinculación total del Ministerio de Defensa. Sin embargo, en Europa ha sido creada la Fuerza de Gendarmería Europea, que integra a las cinco policías de carácter militar europeas que también existen. Otra vez Europa en una dirección y la izquierda española en la contraria.

Además de su carácter militar, la G.C. tiene otros problemas, como un alto índice de depresiones y otros que nada tienen que ver con su carácter militar sino con el servicio que desempeñan –a desarrollar igualmente aunque fuera un cuerpo civil– y la presión sicológica a que se ven sometidos. Tanta depresión no existía cuando patrullaban a pié por los caminos.

La situación actual ofrece muchas dudas. Por un lado no parece lógico que quienes entraron en el Cuerpo con plena conciencia de que quedaban subordinados a un reglamento militar, una vez dentro pretendan cambiarlo todo. La Benemérita es eso desde el primer día y no otra cosa y a nadie se le obligó a alistarse. Es como si después de haber opositado a bombero peleando por entrar con otros seis mil aspirantes, una vez dentro se quejaran de que hay riesgos.

Por otro lado, la aplicación de sanciones a componentes de un cuerpo policial bajo unas ordenanzas militares que tienen repercusiones mucho más graves que en el ámbito civil –insubordinación, indisciplina, sedición– donde muchas de esas faltas se castigarían con una amonestación o el despido en lugar de un arresto o la prisión, no parece que sea justo y existe un claro agravio comparativo con las restantes fuerzas de la seguridad del Estado como Policía Nacional o las autonómicas.

Pero también cabe preguntarse si tales reivindicaciones son fruto de los elementos de izquierdas, sindicalistas, pacifistas y otros reventadores del militarismo que se han infiltrado y han contaminado y devaluado el espíritu de la Guardia Civil, donde todos estaban orgullosos de pertenecer al Cuerpo con todos sus “inconvenientes”. Que los líderes de UGT y CCOO, Cándido Méndez y José María Fidalgo, estuvieran al frente de la manifestación de los guardias civiles celebrada en Madrid y que sus discursos fueran interrumpidos con entusiasmo, desvelan hasta donde ha sido politizada por la izquierda una institución que permanecía impoluta.

Al éxito y el prestigio de la G.C. contribuyó sin duda su disciplina, que sin la rigidez de la normativa militar se habría relajado hasta hacer imposible el respeto y subordinación imprescindibles entre los que convivían en las casa-cuartel repartidas por toda la geografía. Con el compadreo de una casa de vecinos no habrían llegado muy lejos. Así es España.

Quizás en el punto medio está la virtud. Quizás en lugar de convertirla en un cuerpo civil, lo conveniente sería mantener su estructura y carácter militar pero dotándola de sus propias ordenanzas, alejándolas disciplinariamente de lo militar y adaptándolas a lo civil en lo posible.

Los españoles estamos con la Guardia Civil, pero no estamos con que los guardias civiles de izquierdas pretendan imponerle sus condiciones porque acabaría siendo otra ONG vestida de verde.

Es en el tema disciplinario donde está el principal problema, así que corregida esta parcela –además de aspectos laborales como salarios y otros– no hay razones para desmantelar todo lo demás, aunque no parece que el antimilitarismo de izquierdas se diera por satisfecho.

El verdadero problema está en ellos y aunque se corrigieran los mencionados aspectos, seguirá habiendo problemas. Los vividores tienen que justificar su existencia.