ZP, ese hombre - V parte

Uno de los casos mas flagrantes de fiscal sectario es el de la fiscal encargada del sumario del 11-M, Olga Sánchez.

La fiscal, a pesar de que el juez Del Olmo reconoce que queda mucho por investigar, habla como si el caso estuviera visto para sentencia y dogmatiza impúdicamente que "no hay dudas respecto a la autoría". De ETA, "no hay nada".

Tan rotunda afirmación la hace pese a la gran cantidad de diligencias irregulares que el juez Del Olmo ha recibido redactadas por policías con nombre y apellidos o las muchas dudas que ofrecen gran parte de las pruebas que llevaron a las primeras detenciones antes del día de las elecciones generales y los indicios –incluso evidencias– y dudas razonables planteadas por investigaciones periodísticas que han entrado a analizar lo que la fiscalía omite e ignora sectariamente porque así conviene a quienes se beneficiaron de la muerte de 192 personas y necesitan exonerar a ETA de toda responsabilidad para poder negociar –de igual a igual– con la banda terrorista.

Para esta fiscal, cuya subordinación política no deja lugar a dudas y de cuya independencia sólo queda un plato de lentejas, los análisis del sumario llevados a cabo por distintos investigadores periodísticos no son dignos de tener en cuenta a pesar de que los razonamientos y datos aportados abren la puerta a nuevas vías de investigación.

Nuestra rigurosa fiscal ignora todo lo que no le sea facilitado por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del estado, entre los que se cuentan aquellos funcionarios que mienten para impedir que se llegue a la verdad y se aferra a que esas deben ser las únicas fuentes válidas para la investigación. Los datos aportados por los periodistas no son más que para vender periódicos: "Que quieran seguir sacando capítulos o incluso algún extra los domingos es su responsabilidad y su responsabilidad será el que mucha gente esté confundida".

De su responsabilidad en mantener el engaño y falsedades contenidas en el sumario para confundir no dice nada. Según la postura de la fiscal Olga Sánchez, sólo deberían abrirse diligencias cuando la información de un delito proviene de las Fuerzas de Seguridad, únicas manifestaciones a considerar, y si es la prensa o la ciudadanía la que pone de manifiesto indicios de delito, no han de tenerse en cuenta.

Pero tan diligente fiscal tiene otras cosas de las que avergonzarse y aunque reciba palmaditas del Fiscal General del Gobierno, entre los profesionales de la justicia ha quedado situada al nivel que le corresponde. A ellos no engaña. A muchos otros tampoco.

El Consejo General del Poder Judicial, la Audiencia Nacional y la Fiscalía han abierto una investigación sobre la actuación de la fiscal del 11-M, Olga Sánchez, por no haber pedido la prórroga de la prisión del procesado Saed el Harrak, implicado en el 11-M, quien quedó en libertad al cumplir dos años encarcelado de manera preventiva.

Según parece, una vez vencido el plazo, la fiscal pidió a la juez Teresa Palacios que prorrogara por dos años más la prisión de El Harrak hasta el máximo de cuatro previsto por la ley. La juez Palacios sustituye a Juan del Olmo, que se encuentra de baja por una operación quirúrgica.

Sin embargo, según esta versión, la juez Palacios le indicó que los dos años de prisión preventiva de El Harrak ya habían vencido, por lo que no existía otra posibilidad que excarcelarle o decretar su ingreso en prisión por otros hechos. De hecho la magistrada también ha rechazado celebrar una nueva vista para revisar su situación, como solicitaba la Fiscalía.

Por su parte, Olga Sánchez manifestó que se le había abierto un "expediente por falta muy grave". Fuentes de la Fiscalía General negaron la veracidad de esa afirmación y señalaron que lo que se ha abierto es una investigación en el marco de la cual se ha pedido un informe y se ha solicitado la remisión de determinados documentos del sumario. Olga Sánchez tendrá que acudir a declarar ante la Inspección para explicar su comportamiento profesional.

Las actitudes que vemos reiteradamente en algunos servidores de la justicia nos hace desconfiar de todo y aunque este no sea el caso, podríamos fabular y preguntarnos si la puesta en libertad de Saed el Harrak podría obedecer a una mecánica organizada para liberar a un implicado que podría hacer declaraciones que no convienen al Gobierno porque pondrían en peligro o desmontarían la versión oficial.

No obstante, si fuera cierto que la juez Teresa Palacios tuvo que aclarar y hacer saber a la fiscal que era imposible el reingreso en prisión del moro, la incompetencia profesional de la fiscal resultaría evidente e inaceptable ya que la fiscal debería saberlo sin que la juez tuviera que explicárselo. ¿Fue todo una pantomima para vestir una liberación pactada y encubierta?

En ese contexto utópico, las manifestaciones de la fiscal diciendo que se le había abierto un expediente por falta muy grave, siendo mentira y habiendo sido negado por la Fiscalía General, pretenderían reforzar la apariencia de un error judicial y apartar de ella la sospecha de la prevaricación.

Menos mal que esta teoría es una fabulación sin base real porque en otro caso sería para echarse a temblar.

Aunque motivos para pensar mal no nos faltan.