ZP, ese hombre - V parte

Hoy nos enteramos de que han sido puestos en libertad cinco atracadores de bancos que fueron detenidos "in fraganti", porque el Fiscal no pidió medidas cautelares.

El juez de guardia ha dejado en libertad a cinco hombres que fueron detenidos el pasado día 8 cuando fueron sorprendidos mientras intentaban atracar una sucursal bancaria en Madrid, ya que el fiscal no solicitó la medida de prisión preventiva contra ellos, por lo visto al entender que la gravedad del delito no estaba demostrada al no haberse consumado, por lo que el fiscal no lo consideró más que en grado de tentativa. Los atracadores están relacionados con al menos 15 asaltos y poseían cuatro pistolas y un revolver, dos silenciadores y abundante munición.

Con demasiada frecuencia comprobamos que los fiscales, cuya misión no es otra que hacer justicia desde el lado contrario del defensor para que haya equilibrio, tomando la iniciativa de la acusación cuando exista indicios de delito, se constituyen en los primeros defensores y garantes de los derechos del delincuente. Así vemos como se oponen a la ilegalización de organizaciones etarras, al enjuiciamiento de batasunos o de políticos que incumplen sentencias de las más altas instancias judiciales y conocemos de jueces que abren diligencias en contra del criterio del fiscal, primer obligado a ello por su cargo.

Otra noticia reciente nos dice que, en contra del criterio de la Fiscalía, la Audiencia Nacional investigará los vuelos de la CIA en los que se trasladaba ilegalmente a terroristas detenidos y donde supuestamente se torturó. Al parecer, miembros de servicios de inteligencia extranjeros habrían llevado a cabo, en 2004 y 2005, «detenciones de presuntos terroristas en otros países y utilizando diferentes aeronaves los habrían retenido ilegalmente y trasladado hasta determinados lugares», haciendo escala en varios aeropuertos españoles seguramente con la autorización y cobertura del Gobierno español, el mismo del “No a la guerra” y el mismo que a través del Fiscal General del Estado –Conde Pumpido– manipula y desvirtúa el cometido de los fiscales.

Otros fiscales, por el contrario, se dejan llevar por sus convicciones personales y se ensañan cuando el sentido común y sobre todo la justicia no exigía tan desmedido celo. El fiscal del «caso Roquetas» imputa a ocho agentes de la Guardia Civil los delitos de homicidio involuntario, pese a que los informes de la autopsia establecen que no hay relación entre las lesiones que, supuestamente, produjeron al agricultor Juan Martínez Galdeano y su muerte en julio de 2005, causada por una reacción adversa debida al abuso de drogas. Además, la juez, Estefanía López, rechazó ayer la petición del fiscal y de las acusaciones de que este asunto se viera en un juicio con jurado popular para así asegurarse un veredicto de culpabilidad dado el clima creado en el pueblo contra la Guardia Civil. En este caso, según la defensa, el fiscal «viola el principio de legalidad» al pretender una interpretación en contra de los informes toxicológicos que fueron concluyentes y taxativos al afirmar que «no se puede hablar de homicidio».

Diversas y variadas son las posturas de los fiscales al margen y en contra de los fines que justifican su existencia. Otra de las clásicas es la pasividad.

No mueven un dedo contra delitos que están a la vista de todos, sobre todo cuando ello perjudicaría al Gobierno que los amamanta. Son los fiscales vendidos al poder y a los que poco importa la alarma ciudadana generada, tan perseguida por ellos.

Un ejemplo de ello lo tenemos en relación con la constitución de la «comisión negociadora» presentada por Batasuna para participar en la inexistente mesa de partidos y las manifestaciones de Joseba Permach en las que advertía de que no habrá paz si algún miembro de la Mesa Nacional era encarcelado.

A pesar de que las manifestaciones del co-portavoz de Batasuna son particularmente autoinculpatorias, la fiscalía ha permanecido impasible y, siguiendo órdenes del Gobierno, vía Conde Pumpido, ha hecho alarde de pasividad. Las manifestaciones del etarra podrían constituir un delito de «amenazas terroristas» al hacer depender «el cese de la violencia» de que los poderes del Estado adopten un determinado comportamiento, «tratando de generar un temor racional en la sociedad, caso de sustraerse a la voluntad» de la formación ilegalizada, según palabras del juez Grande-Marlaska, quien argumenta con razones jurídicas lo que dicta el sentido común: una organización ilegalizada por colaboración con banda armada no puede celebrar actos de carácter orgánico ni proferir amenazas contra los jueces para «obligar al Estado a aceptar los fines de su actividad criminal».

La Fiscalía está para hacer cumplir la ley y perseguir el delito, por lo que la actuación del fiscal general y algunos de los fiscales a sus órdenes no puede ser más vergonzosa.

Finalmente nos gustaría saber una cosa: ¿Puede hacerse caer todo el peso de la Ley sobre los falsos fiscales o no son de este mundo?

Pero la gran pregunta es ¿Algún fiscal acusaría a estos fiscales? Me temo que estamos indefensos ante ellos.